¿Salario mínimo nacional o regional?

Como siempre acontece a finales de cada año sale a relucir ante los medios y la en general la discusión sobre la definición del salario mínimo para el año entrante; discusión que para muchos es trascendental pues afecta a millones de asalariados en el país, y para otro sector de la opinión, no lo resulta tanto, dada la preeminencia de informalidad laboral que sobrepasa, según indicadores del DANE, el 50% de los trabajadores a nivel nacional.
Durante las primeras sesiones en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, integrada por el Gobierno, Gremios y Centrales Obreras, se mostraron los primeros indicadores económicos y técnicos, como punto de partida de la discusión. En efecto, las estimaciones del Departamento Nacional de Planeación revelaron que la productividad laboral en Colombia para 2014 fue 0,8%; con una inflación proyectada por el Banco de la República para 2015 de 3%; una inflación causada (a noviembre) de 3,38% y un crecimiento económico estimado de 4,7% y 4,5% para 2014 y 2015, respectivamente. Una vez revisados estos indicadores, la propuesta de los gremios para incrementar el salario es 4,2%, teniendo en cuenta como factores fundamentales la inflación y la productividad laboral de este año. Por su parte y como era de esperarse, las centrales obreras indicaron que el incremento debería ser de 9,5%. Ante este escenario el gobierno nacional planteó que la discusión estaba abierta y el escenario era propicio para iniciar el diálogo. Más allá de la “puja” entre centrales obreras y gremios empresariales, y la mediación del gobierno, existe un tema poco tratado en la mesa, pero a su vez de gran importancia en cuanto a las implicaciones en términos de equidad de ingreso y mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, referente a la definición de un salario acorde a las diferencias regionales existentes en el país, que tenga en cuenta, entre otros aspectos, las diferentes estructuras productivas y condiciones de empleabilidad que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. Las disparidades regionales están asociadas a niveles de desempleo diversos, informalidad laboral, brechas de pobreza, distribución del ingreso, productividad laboral, capacidad productiva, etc., que obligan a repensar la discusión y direccionarla en la búsqueda de instrumentos de política pública que consideren en la mesa de concertación estas diferencias regionales.
En aras de abrir este debate, el Observatorio de Desarrollo Económico de la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios (DESR) de la SDDE expone con cuatro ejemplos sencillos la necesidad de plantear mecanismos de política pública que tenga en cuenta el criterio de región para la definición del salario mínimo, en función de los distintos niveles de acceso y capacidad de compra de algunos bienes y servicios básicos de la canasta de familiar.
En este orden de ideas, se observa cómo dependiendo de los precios de los alimentos y de la canasta básica de consumo, se pueden comprar diversas cantidades de un mismo producto entre una y otra región. De igual manera, con el caso del valor de los arriendos y de un metro cuadrado de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) se pueden observar estas disparidades. Por último, con el ejemplo de la energía eléctrica residencial, se detallará el impacto del gasto a nivel departamental en la compra de este servicio público.
Consideraciones iniciales
Según el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo es la remuneración vital que debe ser proporcional a la cantidad y calidad del trabajo y debe garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas como la alimentación, la salud, la vivienda y la educación.
Aunque actualmente el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en el país es 616 mil pesos, la gráfica 1 muestra en el comportamiento de la serie histórica cada vez menores incrementos porcentuales definidos anualmente para el salario, prevaleciendo el argumento técnico-político de la baja productividad laboral y la disminución del costo de vida.
En términos corrientes, del año 2008 al año 2014 el salario mínimo presentó un crecimiento de 33%, pasando de $461.500 a $616.000. No obstante, si se tiene en cuenta en índice de precios de la canasta de gasto medida por el IPC, el crecimiento del nivel de precios en el mismo periodo ha sido de 18%, por lo que en términos reales, el crecimiento relativo del salario percibido por los trabajadores en el país ha sido de 15% en los últimos 6 años. No obstante, la cuestión es diferente si se mira por regiones, donde se presenta el nivel de inflación para cinco ciudades frente al total nacional. Lo anterior, lleva a pensar que sin tener en cuenta otros aspectos de la economía, algunas ciudades resultan ganadoras y otras perdedoras en función de la dinámica de los precios, teniendo en cuenta un único salario mínimo que hoy existe en el territorio nacional.
Quienes perciben un salario en Bucaramanga se han visto perjudicados por el efecto del incremento de los precios de su canasta de gasto, dado que el crecimiento relativo del salario de sus trabajadores ha sido de solo 8% en los últimos seis años, resultado que se explica por la alta variabilidad de sus precios en años recientes.
Según el último reporte del DANE sobre inflación, Bucaramanga es la segunda ciudad con mayor variación de precios en 2014 (4,07%) después de Valledupar. En este mismo escenario, las ciudades de Cali y Pereira se han visto relativamente beneficiadas por la dinámica de su índice de precios, dado que el ingreso relativo de los trabajadores se ha incrementado 18% en los últimos seis años, resultado que se ubica por encima del total nacional. Por último, en Bogotá y Barranquilla, el comportamiento de los salarios relativos no dista mucho del comportamiento nacional, pues el incremento del 14% del salario relativo real es muy cercano al de Colombia en los últimos seis años, por lo que no se considerarían como ciudades ganadoras o perdedoras de la dinámica de sus precios.
A continuación expondremos con casos muy puntuales de diversos bienes y servicios el porqué de la necesidad de crear mecanismos e instrumentos de política a nivel regional en la definición del salario. En este orden de argumentación, se analizará el tema de alimentos, vivienda y servicios públicos, siendo estos, los principales gastos de un hogar promedio en el país, y teniendo como punto de comparación un conjunto de ciudades principales e intermedias.
Alimentos: Caso de la papa
El tema de los alimentos es de los más importantes al momento de contrastar el nivel de acceso respecto al salario percibido mensualmente. Los alimentos, según la estructura de gasto definida por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del DANE, a nivel nacional representan en promedio el 28% del gasto total en la canasta básica de consumo, de aquí su importancia para este análisis. En función de la disponibilidad de información, se seleccionaron varios alimentos de la canasta básica de consumo en el país, con el fin de observar sus precios y establecer la relación de su acceso respecto al salario mínimo de 2014. Para ejemplificar, se seleccionó la papa, un producto cultivado en su mayor proporción en Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, y muy frecuente en la dieta diaria de los colombianos.
Según el precio promedio mensual de 2014, en términos relativos se puede comprar más kilos de papa al mes en Pereira y Barranquilla con un salario mínimo que en otras ciudades del país. Ahora bien, en Bogotá, pese a tener cercanías a zonas de producción (sabana cundiboyacense), en 2014 con un salario mínimo se compró relativamente menos papa, lo que indicaría una pérdida de poder adquisitivo real de muchos hogares en la capital que comen a diario este producto. Los precios de un alimento como la papa pueden variar en función de las coyunturas del mercado, factores climáticos y, en este caso especial, de la cantidad de intermediarios en la cadena de distribución. En Bogotá, a pesar de la cercanía a zonas de producción, el crecimiento de precios de este producto que en este año ha sido del 30% al 50%, se debe, según el gremio (Fedepapa), a una escasez del producto y a la crisis de precios que hubo en años anteriores. A lo anterior se le suma, la amplia cadena de intermediación que tiene este producto antes de llegar a las plazas mayoristas de la ciudad.
Siguiendo el orden, Bucaramanga es la segunda ciudad perjudicada con el comportamiento de los precios de la papa, que como se observa, se podrían comprar con un salario 724 kilos de papa en mes.
Arriendos y compra de vivienda
La vivienda es uno de los bienes esenciales en la canasta de gasto de los colombianos. En este marco, se analiza la situación de los arriendos y la compra de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en distintas regiones y según la disponibilidad de información existente. Los arriendos: En el país, según la Encuesta de Calidad de Vida 2013, realizada por el DANE, un 43% de los hogares en Colombia tiene vivienda propia, mientras que otro 34% vive en arriendo o subarriendo. No obstante, éste porcentaje varía según la región dónde se habite.
En Bogotá, la relación de hogares en arriendo o vivienda propia es inversa, pues en la capital del país el 36% de los hogares vive en vivienda propia y el 46% en arriendo o subarriendo.
Por su parte, en otras regiones, como en el Caribe, la proporción de hogares con vivienda propia es 47% y de hogares en arriendo es 24%; y en el Valle del Cauca 38% hogares tiene vivienda propia y 41% vive en arriendo o subarriendo. Teniendo en cuenta esta disparidad en los tipos de tenencia, la DESR realizó el mismo cálculo, similar al ejercicio realizado con la papa, pero en este caso, estableciendo la proporción que representa el pago de arriendo de aquellos hogares residentes en los estratos 1, 2 y 3 en el salario mínimo. En ciudades del sur del país, como Cali y Pasto, el pago de arriendos tiene un menor peso relativo dentro del salario mínimo mensual recibido por las personas, por lo que se verían beneficiadas respecto a otras ciudades. Por su parte, los hogares que viven en Montería, Villavicencio y Bucaramanga, tienen que hacer un mayor esfuerzo económico para pagar sus arriendos, dado que este rubro representa cerca del 60% de su salario mínimo mensual, quedando en el grupo de ciudades no beneficiarias de un salario estándar a escala nacional. Dentro del grupo de 13 ciudades principales analizadas, en los estratos 1, 2 y 3 de la capital del país el pago del arriendo corresponde a la mitad del salario mínimo, indicando que, en el espectro de ciudades ganadoras y perdedoras con la dinámica del mercado de arriendos en el país, Bogotá tendría un comportamiento neutro con referencia al promedio nacional.
Compra de vivienda: Con la información del valor del metro cuadrado de las viviendas de interés prioritario (VIP)2, se estableció la proporción de metros cuadrados de vivienda VIP que se podría comprar con un salario mínimo en diferentes ciudades. En este caso, la referencia es el promedio del valor del metro cuadrado en el segundo trimestre de este año 2014.
En la ciudad de Villavicencio con el sueldo mínimo de este año se podría comprar más metros cuadrados (1,4) respecto a otras ciudades del país. En ciudades como Cúcuta, Ibagué y Popayán se podría comprar con un salario mínimo un metro cuadrado de vivienda VIP, por lo que el esfuerzo de gasto es menor. Igual situación se evidencia en Barranquilla y Neiva. Como contraste, debido a las diferentes dinámicas inmobiliarias y de los determinantes del precio de la vivienda, especialmente el suelo, en ciudades como Bogotá, Manizales y Medellín, se necesita hacer un esfuerzo mayor en relación al salario mínimo para la compra de vivienda VIP. En la capital del país, es donde menos se pueden comprar metros cuadrados de vivienda VIP (0,6) respecto a otras ciudades del país, por lo que se ubicaría en un grupo de ciudades perjudicadas con un salario mínimo estándar a nivel nacional. Igual situación, adicional a las ciudades antes mencionadas, se percibe en Cali, pasto y Cartagena.
Servicios públicos
Los servicios públicos es otro de los gastos recurrentes en las familias del país, siendo la energía eléctrica; gas domiciliario; acueducto, alcantarillado y aseo, los de mayor importancia en cuanto a participación del gasto total. Para establecer el análisis del peso relativo de los servicios públicos, se seleccionó como ejemplo la energía eléctrica como referente para este análisis, esto para simplificar el análisis dada la existencia de subsidios para algunos servicios públicos como el caso del mínimo vital de agua en Bogotá. Para el caso de la energía eléctrica, la relación de salario mínimo se hizo según los precios en pesos del kilovatio de energía a nivel residencial de algunos departamentos. En este grupo, como se observa en la gráfica 6, en Cundinamarca y Atlántico se podría obtener más energía eléctrica en función del salario mínimo, pues los costos de este servicio a nivel residencial son más baratos que en otros departamentos. Por su parte, en el departamento de Santander, el costo del kilovatio de energía eléctrica es mucho mayor, por lo que, la cantidad de energía disponible para un hogar residencial es menor en función del salario.
Consideraciones finales
El llamado a la mesa de concertación que define el salario minino del año siguiente es proponer la creación de mecanismos de política pública que consideren las discrepancias regionales que existen en el país, diferencias que tienen un efecto en la capacidad de compra de los trabajadores y de paso en la productividad regional y la calidad de vida.
Los ejemplos expuestos, aunque no representan la generalidad, sí muestran claramente que algunas ciudades o regiones, con un único salario mínimo, pierden y ganan en función de la dinámica de sus precios y las estructuras productivas.
Como se observó, el tema de los precios juega un papel trascendental en cuanto a la definición del salario mínimo, de hecho, el resultado final de la inflación nacional define o hace parte de la formula técnica para el incremento anual del salario. Si así fuese, ¿por qué no plantear el alza del salario según la ciudad que tuvo mayor nivel de precios? ¿Por qué los trabajadores de las ciudades que resultan con inflaciones de 4% en este año, como Valledupar y Bucaramanga, tienen que recibir un alza anual de su salario en función del 3% que se prevé resultará el nacional?
No obstante, aunque la medida tendría sus pro, como mejorar la productividad regional y hacer más equitativa la distribución de los salarios laborales, no se podría plantear con certeza acerca de las mejoras en desempleo e informalidad. Por otra parte, la aplicación de un salario regional debería contemplar posibles cargas fiscales que podrían surgir como resultado de regulación y vigilancia que implicaría la aplicación de diversos montos de salario mínimo ya sea por región, o incluso, por zonas urbanas y rurales.