Situación y perspectivas económicas de las víctimas en Bogotá

Autor: 
Cindy Bohórquez Escorcia Carolina Paola Farias Riaño

El restablecimiento de los Derechos Humanos de las víctimas ha tenido un reconocimiento por parte del Estado y la sociedad.

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Foto: SDDE

Según la ley, las víctimas son “aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Ley 1448 de 2011).Igualmente, considera que una misma víctima puede haber sido objeto de uno o varios hechos victimizantes. Esta violación de derechos ha implicado un gran desafío para el Estado colombiano en el reconocimiento, la atención y reparación integral de las víctimas, con el objetivo de  reconstruir el país luego de casi seis décadas de conflicto armado.

Con respecto a lo anterior, y basados en la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, el Estado Colombiano cuenta con un marco normativo que busca el resarcimiento y la protección de los derechos de las víctimas. Es así como en junio de 2011 el Gobierno Nacional promulgó la Ley 1448, “Por la cual se dictan medidas  de atención,  asistencia y reparación integral  a las víctimas del conflicto armado interno”, que establece lineamientos legales para la implementación de medidas judiciales, económicas, administrativas, y sociales a las víctimas, redignificando la materialización de sus derechos constitucionales.

Con el fin de llevar  a la implementación en términos de política pública, se expidió el documento CONPES 3712 de 2011, que constituye el plan de financiación para la sostenibilidad de esta Ley, el cual pretende garantizar los recursos necesarios para la implementación de esta política durante diez años, con el fin de lograr los objetivos de mediano y largo plazo.

Asimismo, tanto el Gobierno Nacional como el Distrital cuentan con los lineamientos normativos que buscan garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la ejecución de los diferentes componentes, los cuales se encuentran relacionados en el gráfico No 1:

Gráfica 1. Marco Normativo-Política de Víctimas.

Fuente: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Aspectos generales de las víctimas en Colombia y Bogotá

Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia con corte a 01 de abril de 2017 hay 8.100.180 víctimas del conflicto armado, principalmente de desplazamiento forzado (7.159.144 personas), homicidio (985.394 personas) y amenazas (344.100 personas).

Por otro lado, teniendo en cuenta  la localización geográfica de esta población, se evidencia que Bogotá es el segundo ente territorial después de Antioquia, y la segunda ciudad después de Medellín, donde hay mayor recepción de víctimas. Según datos del Sistema de Información Distrital de Víctimas en Bogotá (SIVIC), se han caracterizado[1] desde septiembre de 2010 hasta 31 marzo de 2017 un total de 259.062 víctimas del conflicto armado, localizadas principalmente en: Ciudad Bolívar (15,5%), Bosa (13,6%) y Kennedy (12,7%) (Ver mapa No 1 y 2).

Mapa  1. Localización Nacional de la Población víctima. Corte abril de 2017.

Fuente: Red Nacional de Información. Con a 01 abril de 2017.

Mapa  2. Localidad de residencia de las personas víctimas del conflicto armado caracterizadas.

 

Fuente: Sistema de Información Distrital de Víctimas- a corte 01 marzo de 2017.

Con base en lo anterior, y para dar cumplimiento a la política pública de víctimas,  el Distrito Capital crea el Sistema Distrital de Atención y Reparación  integral a Víctimas, SDARIV. Del cual la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas,  la Paz  y la Reconciliación (ACDVPR), oficina adscrita a la Secretaría General, debe desde su misión  coordinar la política entre las entidades distritales, y ejecutar acciones concretas del componente de asistencia y atención integral a las víctimas del conflicto armado. Por esto, fueron creados siete Centros Locales  de Atención a Víctimas (CLAV), y un punto de atención  en el Terminal de transporte, los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes localidades de la Capital (ver mapa No 3).

Mapa  3. Centros Locales de Atención a las Víctimas. (CLAV)

Fuente: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

La ACDVPR busca garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, para lograr cada vez más inclusión social en la ciudad de la población objeto, siendo el trabajo articulado entre las entidades el que permite una eficiente implementación de la política pública de víctimas. Es acá donde el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral  a las Víctimas (SDARIV), cumple su rol de ente encargado de articular, asesorar, recomendar y evaluar el desarrollo de la política pública  de atención a víctimas. Adicionalmente, se pretende con este sistema fortalecer la relación interinstitucional con entidades de Nivel Nacional y generar estrategias de corresponsabilidad para la implementación y seguimiento de la política pública de víctimas.

Desde el SDARIV se  encaminan acciones para los diferentes componentes que contempla la política pública de víctimas, los cuales son:

  • Asistencia y atención: De acuerdo a la Ley 1448 de 20177, estas corresponden a las medidas que van dirigidas al restablecimiento  de los derechos vulnerados. Asistencia en salud y educación, acompañamiento psicológico y social, orientación, generación de ingresos, son ejemplos de acciones encaminadas a este componente.
  • Reparación Integral: Comprende a todas las acciones restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. (PAD, 2017).
  • Prevención y Protección: El fin de estas acciones pretenden evitar la ocurrencia de hechos que vulneren o violen los Derechos Humanos.
  • Justicia y Verdad: Aquí se busca explicar hechos, se identifican responsables, y se aplican sanciones.

 

Todas las medidas adelantadas de cada uno de estos componentes, se consolidan en el Plan de Acción Distrital (PAD)[2], que constituye la hoja de ruta que enmarca las acciones a ejecutar para contribuir a la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas del conflicto.

Características generales de la ocupación de las víctimas en Bogotá

Bajo este marco normativo e institucional y de las acciones enmarcadas en el PAD es importante resaltar que para superar la brecha en términos económicos, a través de generación de empleo, formación y emprendimiento de la población víctima, las acciones  deben estar focalizadas en los sectores económicos que más contribuyen a la ocupación de esta población y en los gremios que lo representan.

En este sentido, las encuestas del DANE brindan información de contexto sobre aquellos grandes sectores donde se ocupan los desplazados y víctimas del conflicto. A partir de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV-2016), realizada por el DANE, que busca analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares Colombianos, el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (ODEB), pudo establecer que en la ciudad de Bogotá los sectores que en promedio ocupan más personas que sufrieron desplazamiento por algún tipo de amenaza o riesgo de vida por causa de la violencia, son en orden de importancia: Comercio, Industria y actividades inmobiliarias. No obstante, las dinámicas de estos sectores no tienen una tendencia uniforme para cada año analizado, Por ejemplo para el año 2014 el sector que mayor participación tuvo fue actividades inmobiliarias (33%), para el 2015 y 2016 el sector más representativo fue el Comercio (con 29% y 30% respectivamente) .

Gráfica 2. Promedio de ocupados según rama de actividad. ECV 2014-2016.

 

Fuente: Observatorio de desarrollo Económico (ODEB)

Este panorama general de Bogotá, se ve reflejado en las diferentes localidades de la ciudad, a través de la Encuesta Multipropósito de Bogotá (EMB), elaborada por el DANE y la Secretaría Distrital de Planeación que busca obtener información de aspectos sociales, económicos del entorno urbano de los hogares y habitantes de las 19 localidades urbanas. Según resultados de la EMB de 2014, se observó que las personas que sufrieron alguna amenaza  de su libertad o integridad física ocasionada por la violencia y de acuerdo a la localidad de residencia, se ocuparon principalmente en los sectores comercio, industria y actividades inmobiliarias[3].

Alternativas de trabajo para las víctimas: el caso de la Agencia Pública de Empleo del Distrito Capital

Para el período comprendido entre mayo de 2014 y Diciembre de 2016, gracias a un cruce de información realizado con la Unidad de Víctimas, en dicho período se registraron en la Agencia Pública de Empleo (APE) 5996 víctimas, de las cuales 3.723 (62,1%) son mujeres y 2.273 (37,9%) son hombres.

Gráfica  3 Número de víctimas inscritas en la Agencia Pública de Empleo (APE) por sexo. Mayo 2014-Diciembre 2016.

 

Fuente: Observatorio de desarrollo Económico (ODEB)

Por otro lado, como se muestra en el Gráfico 4, del total de víctimas registradas el 29,3% (1.755 víctimas) corresponde a personas  con un nivel de educación media, un 14,2% (850 víctimas) que no registra, y un 12,1% (725 y 723 víctimas) tienen formación en Básica secundaria y técnica laboral, respectivamente.

Gráfica  4. Porcentaje de víctimas inscritas APE, según nivel educativo. Mayo 2014-Diciembre 2016.

 

Fuente: Observatorio de desarrollo Económico (ODEB)

De la información registrada  sobre la situación laboral de las víctimas, se encontró que el 92,7% de estas personas se encontraban desempleadas, mientras que tan solo el 1,4% se encuentran laborando.

Gráfica 5.Porcentaje de víctimas inscritas APE, según situación laboral. Mayo 2014-Diciembre 2016.

Fuente: Observatorio de desarrollo Económico (ODEB)

Con respecto a la clasificación de víctimas registradas en la APE según grupo etario, se tiene que el 50,8% pertenecen al rango de edad comprendido entre 18 y 28 años; seguido de un 36,8% a víctimas que oscilan entre los 29 y 45 años y por último un 12,4% a mayores de 45 años. Se observa también una caída del 48,3% del número de víctimas inscritas entre el rango de edad entre los 18 y 28 años para los años 2015-2016.

Gráfica 6.Porcentaje de víctimas inscritas APE, según rango de edad. Mayo 2014-Diciembre 2016.

 

Fuente: Observatorio de desarrollo Económico (ODEB)

En lo relacionado con las víctimas que se han contratado a través  de la Agencia de empleo de Bogotá, se observó que  la contratación correspondió en un 58% a mujeres y un 42% a hombres víctimas del conflicto armado.

Gráfica 7.Porcentaje de víctimas contratadas a través de la APE, por sexo. Mayo 2014-Diciembre 2016.

Fuente: Observatorio de desarrollo Económico (ODEB)

Teniendo en cuenta lo expuesto, desde la Agencia Pública de Empleo de Bogotá, 1678 víctimas han recibido talleres, intermediación laboral, orientación laboral, capacitación o traslados a otros programas sociales.

Gráfica 8.Número de víctimas inscritas APE, según los beneficios recibidos. Mayo 2014-Diciembre 2016.

 

Fuente: Observatorio de desarrollo Económico (ODEB)

Finalmente, cabe resaltar que desde la Secretaría de Desarrollo Económico para el 2017 se implementaron acciones en buscan superar la brecha de inclusión productiva para la población víctima en Bogotá. En este sentido, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en coordinación con la Alta Consejería para las Victimas, está adelantando el Plan de Acción Distrital para atención  de la población víctima del conflicto armado, cuyo objetivo es  generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad. 

Gráfica 9 .Ruta Diferencial

 

Fuente: Secretaria Distrital de Desarrollo Económico 

Conclusiones

El restablecimiento de los Derechos Humanos de las víctimas ha tenido un reconocimiento por parte del Estado y la sociedad. No obstante, desde la óptica Distrital es trascendental conocer las causas de esta problemática, sus consecuencias y las dinámicas sociales que puedan surgir. Para ello es necesario que el SDARIV, y las entidades que lo componen se apropien mucho más de la política y que junto con la coordinación  de la  ACDVPR se vean robustecidos. De igual manera se debe fortalecer el monitoreo y seguimiento a la política en mención; esto, con el fin de identificar avances y desafíos, pero también  para realizar una mejor planeación  y diagnóstico de las necesidades de manera que para realizar ejercicios de seguimiento exactos, se hace indispensable que los Sistemas de Información Distritales estén cada vez más articulados con los Nacionales, dado que esto es insumo vital para la toma de decisiones. Adicionalmente, es de vital importancia acoger las cifras aquí presentadas, en cuanto a  cuáles son los sectores económicos que ocupan a esta población víctima, con el fin de focalizar las políticas económicas en estas ramas de actividad, y así continuar generando inclusión productiva para esta población.

Del mismo modo, desde la Administración Distrital se deben seguir aunando esfuerzos para que esta inclusión productiva de las víctimas sea cada vez mayor. Sin embargo, cabe resaltar que desde el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en el pilar número tres “Construcción de comunidad y cultura ciudadana”, se plantea consolidar a Bogotá en una ciudad referente de paz y reconciliación, esto a través de la adecuada implementación de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, para que estas superen su situación de vulnerabilidad y se cumplan las disposiciones normativas vigentes.

Por otra parte, se deben contemplar dos visiones sobre la forma  en la que se entrega el servicio público a las víctimas. Una desde la perspectiva asistencialista y otra desde la corresponsabilidad. Con respecto a esta última, se debe focalizar las medidas hacia la población joven víctima y mujeres (quienes son la mayoría de víctimas en la ciudad), quienes son la población con potencial de trabajo, fortaleciendo por ejemplo las acciones dirigidas a emprendimiento, formación y generación de empleo en estos.

Referencias:

Alta consejería para los Derechos de las, la paz y la reconciliación. Plan de acción Distrital 2017. Recuperado de: http://www.víctimasbogota.gov.co/

Observatorio Distrital  de Víctimas del conflicto armado. Recuperado en http://www.víctimasbogota.gov.co/observatorio/index.html

Unidad de Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). Recuperado de: http://rni.unidadvíctimas.gov.co/RUV.

 

[1] En Bogotá las personas que acuden a los CLAVS son caracterizadas en Sistema de Información distrital de Víctimas en Bogotá (SIVIC) para que puedan acceder a atención inmediata. Sin embargo es importante tener en cuenta que por principio de buena fe, se entiende que todo aquel o aquella que solicita ayuda es víctima y se realiza su caracterización. Luego la Unidad de Víctimas hace la validación y acreditación posterior, por lo que puede que haya personas que recibieron la ayuda pero no hayan recibido el resto de la atención dado que no fueron acreditados en RUV.

[2] De acuerdo con lo establecido tanto en el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011 como en el artículo 2.2.8.3.1.5 del Decreto 2460 de 2015 por el cual “(…) se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del conflicto armado interno (…)”, es obligación de las entidades territoriales diseñar el Plan de Acción Territorial especificando los programas y proyectos orientados a contribuir en la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, incluyendo metas y recursos indicativos para los cuatro años siguientes a la adopción del mismo.

[3] Según la Clasificación Industrial  Internacional  Uniforme-CIIU, revisión 3 adaptada para Colombia, las actividades inmobiliarias incluyen: actividades inmobiliarias,  alquiler de maquinaria, equipo sin operarios y de efectos personales  y enseres domésticos; informática y actividades  conexas; investigación y desarrollo; otras actividades empresariales.

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